El Pleno del Congreso local aprobó por unanimidad, penas de dos hasta seis años de prisión y multas económicas, para quienes utilicen uniformes, placas, identificaciones, vehículos, unidades o tecnologías de comunicación apócrifas o usurpadas, de corporaciones de seguridad.

Se trata de una reforma al artículo 319 del Código Penal de Baja California, que hace referencia a la usurpación de funciones, con la finalidad de castigar principalmente a integrantes del crimen organizado, quienes regularmente hacen uso de ese tipo de objetos.

De igual forma, se establece que quienes sean detenidos por ese delito, y son o fueron funcionarios públicos, y hasta un año después de haber finalizado su cargo, la sanción económica se incrementará al pasar de 100 a 300 días multa, así como un tercio en la pena corporal.

Cabe mencionar que apenas hace una semana se registró un enfrentamiento entre policías y civiles armados, quienes utilizaban una camioneta con logotipos de la Fiscalía General del Estado.

En el evento, un hombre resultó herido de bala y fue localizada una unidad tipo pick-up Ford F150, color blanca, número económico 118, de la Fiscalía, la cual presentaba impactos de arma de fuego.