Nueva Ley de Catastro: ¿subirá el predial?

La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que busca modernizar y homologar la información relacionada con propiedades e inmuebles en México.

La iniciativa plantea establecer mecanismos para contar con información más actualizada y uniforme sobre casas, terrenos y edificios, además de facilitar la vinculación entre los catastros y los registros públicos de la propiedad.

Uno de los principales cambios será la creación de una Clave Única Catastral, asignada a cada predio o unidad inmobiliaria, así como una Cédula Única Catastral y Registral, que permitirá relacionar la información catastral con los datos registrales de cada inmueble.

También contempla una Plataforma Nacional Catastral y una Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad, con el objetivo de homologar trámites, conectar información de estados y municipios y facilitar la actualización de los datos.

¿Va a aumentar el predial?

El debate alrededor de la reforma se centró también en sus posibles efectos sobre el impuesto predial. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la iniciativa y la calificaron como un “predialazo”, al considerar que podría ampliar la base de cobro y afectar la autonomía municipal.

Por su parte, legisladores de Morena y sus aliados rechazaron que la nueva legislación implique directamente un aumento del predial. Ricardo Monreal señaló que el objetivo es ordenar la información y lograr que paguen quienes actualmente no cumplen con sus obligaciones.

La reforma no establece por sí misma una tarifa nacional del impuesto predial. El cobro y las tasas del predial continúan vinculados a las autoridades locales; el cambio propuesto se concentra principalmente en la organización, actualización y homologación de la información catastral y registral.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados y pasó al Senado de la República, donde deberá continuar su proceso legislativo antes de que pueda entrar en vigor.