Acusan exclusión en reforma a Ley de Aguas en BC
Asociaciones civiles denuncian falta de participación en cambios a la Ley de Aguas.
Organizaciones civiles de Baja California señalaron que fueron excluidas del análisis y discusión de las reformas a la Ley de Aguas, pese al impacto que los cambios podrían tener en el acceso, gestión y regulación del recurso hídrico en el estado.
Asociaciones civiles de Baja California expresaron su inconformidad por haber sido excluidas de las mesas de trabajo y consultas relacionadas con las reformas a la Ley de Aguas, iniciativa que actualmente genera debate por sus posibles implicaciones en la administración y distribución del recurso hídrico.
Representantes de organismos ciudadanos señalaron que la falta de participación limita la transparencia del proceso legislativo y reduce la posibilidad de incorporar propuestas técnicas y sociales sobre uno de los temas más sensibles para la entidad: el acceso al agua.
Las organizaciones consideran que las reformas podrían impactar directamente a comunidades, usuarios agrícolas y organismos operadores, por lo que solicitaron abrir espacios de diálogo con especialistas, académicos y sociedad civil antes de aprobar modificaciones definitivas.
El debate ocurre en medio de una creciente preocupación por la crisis hídrica que enfrenta Baja California y otras regiones del país, donde la disponibilidad de agua se ha convertido en un tema prioritario para gobiernos, empresas y ciudadanos.
Entre los principales cambios discutidos a nivel nacional destacan nuevas restricciones en la transmisión de concesiones, mayor control gubernamental sobre reasignaciones de agua y mecanismos para fortalecer el derecho humano al acceso al recurso.
Las asociaciones civiles advirtieron que cualquier modificación legal debe garantizar participación ciudadana y mecanismos claros de rendición de cuentas, especialmente en un contexto de sequía, sobreexplotación de acuíferos y crecimiento urbano acelerado en la región fronteriza.
Especialistas en temas hídricos coinciden en que la gobernanza del agua requiere decisiones integrales y consensuadas, debido a que el impacto de las reformas podría afectar sectores productivos, comunidades vulnerables y la planeación ambiental de largo plazo.
