FGE revela secuestro de inspectores del IMOS

Inspectores fueron privados de la libertad durante operativo en San Quintín

La fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, reveló nuevos detalles sobre la privación de la libertad de dos inspectores del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), ocurrida el pasado 10 de junio en San Quintín, quienes fueron localizados con vida tras un operativo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la fiscal, los trabajadores participaban en un operativo contra los llamados “raiteros” cuando, al concluir sus labores y emprender el regreso, fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 15 hombres armados que viajaban en varias camionetas tipo pick-up.

Los agresores obligaron a descender a los empleados del IMOS y privaron de la libertad a dos de ellos, entre quienes se encontraba el hijo de la diputada federal Rocío López Gorosave. El resto de los trabajadores permaneció en el lugar y posteriormente proporcionó información clave para el inicio de las investigaciones.

Andrade Ramírez explicó que, tras recibir el reporte por parte de la dirección del IMOS, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda con la participación de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Las labores de localización incluyeron operativos terrestres, cateos, sobrevuelos en helicóptero y recorridos casa por casa en la zona, debido a que los hechos ocurrieron en un área despoblada con escasa infraestructura de videovigilancia.

Los dos inspectores fueron encontrados caminando en las inmediaciones de San Vicente. Según las primeras declaraciones rendidas ante las autoridades, durante el tiempo que permanecieron cautivos estuvieron con los ojos vendados y las manos atadas.

Posteriormente, sus captores los trasladaron en un vehículo y los abandonaron en una zona despoblada, desde donde comenzaron a caminar hasta ser localizados por las corporaciones de seguridad.

La fiscal informó que ambos fueron sometidos a valoración médica y posteriormente rindieron su declaración ante el Ministerio Público. Añadió que durante los cateos relacionados con la investigación fueron aseguradas armas, cargadores, cartuchos y equipo táctico; sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Respecto a los cuestionamientos sobre la rapidez con la que fueron localizados los inspectores, en comparación con otros casos de desaparición, Andrade Ramírez rechazó que hubiera existido algún trato preferencial.

“No hay favoritismo”, afirmó la fiscal, al señalar que en todos los casos de personas desaparecidas se activan investigaciones y diligencias, aunque muchas de ellas no pueden hacerse públicas por razones de estrategia y seguridad.

La titular de la FGE destacó que este caso presentó características particulares, ya que la privación de la libertad ocurrió durante un operativo oficial y frente a varios testigos que aportaron información inmediata sobre los responsables y los vehículos involucrados.

Finalmente, reiteró que la investigación continúa abierta y que las autoridades mantienen las labores para identificar y capturar a los responsables de la privación de la libertad de los dos servidores públicos.