Gobierno evalúa fracking bajo estrictas condiciones
Entre los requisitos destacan la protección de los recursos hídricos, consultas con las comunidades y estudios científicos que determinen la viabilidad del proyecto.
Ciudad de México. El Gobierno de México abrió la posibilidad de evaluar la explotación de gas natural mediante fracturamiento hidráulico (fracking), aunque dejó claro que cualquier proyecto solo podrá desarrollarse si cumple con estrictos criterios científicos, ambientales, sociales y económicos.
Durante la presentación de los primeros resultados del Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la prioridad será proteger los recursos naturales y garantizar que cualquier decisión esté respaldada por evidencia técnica.
Entre las principales condiciones planteadas destacan la utilización de agua salobre en lugar de agua destinada al consumo humano o agrícola, el reciclaje de una parte importante del líquido utilizado en el proceso, el monitoreo ambiental permanente y la realización de consultas públicas en las comunidades donde eventualmente pudiera desarrollarse la actividad.
El Gobierno explicó que antes de considerar cualquier explotación será necesario comprobar la existencia de agua suficiente para la operación, determinar que los yacimientos sean comercialmente viables y demostrar que el proyecto puede desarrollarse sin afectar el medio ambiente ni a las poblaciones cercanas.
Especialistas señalaron que el proceso aún se encuentra en una etapa inicial de evaluación y que los primeros trabajos estarán enfocados en estudios hidrogeológicos y geológicos, por lo que una eventual explotación de gas no convencional dependerá de los resultados de estas investigaciones.
Organizaciones ambientalistas y académicos han expresado preocupación por los posibles impactos del fracking sobre los acuíferos, el consumo de agua y los ecosistemas, mientras que el Gobierno sostiene que cualquier decisión estará sujeta a criterios científicos, transparencia y participación ciudadana.
La administración federal reiteró que el objetivo es fortalecer la soberanía energética del país sin comprometer el cuidado del medio ambiente ni los derechos de las comunidades involucradas.
