Ley antiextorsión se aprueba con el respaldo de todos los partidos en San Lázaro

Tras más de ocho mil casos de extorsión registrados hasta septiembre de 2025, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para publicar la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.

La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum hace apenas nueve días, contempla aspectos como crear un tipo penal básico para el delito de extorsión en todo el país, con penas de entre seis y 15 años de prisión.

Además, se suman 34 agravantes en el delito de extorsión, divididos en tres categorías: cuando se trata de daño patrimonial o delitos de menor lesividad (en donde se incluye el cobro de piso); cuando se comete contra grupos de población vulnerable, como personas migrantes; y en casos donde se afecte la integridad de la víctima con uso de violencia, armas de fuego, entre otros temas.

También se impulsa una línea telefónica en el número 089, para que las personas puedan denunciar de manera anónima los delitos de extorsión.

Y además, se incluyen aspectos como la competencia de la Federación para investigar las extorsiones sin importar dónde se hayan cometido, y promueve la coordinación entre los tres niveles de gobierno. Incluso, refuerza la seguridad en las prisiones donde ahora se podrán inhabilitar las líneas telefónicas desde donde se extorsiona a las personas.https://flo.uri.sh/visualisation/25904189/embed

En San Lázaro la iniciativa presidencial fue arrobada a plenitud por la bancada de diputados y diputadas de Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde. La oposición acompañó la nueva ley en términos generales, pero planteó diversas modificaciones que fueron rechazadas.

Después de más de 70 reservas presentadas, el pleno de la Cámara únicamente aprobó las modificaciones propuestas por el líder de los morenistas Ricardo Monreal, quien propuso cambios a ocho artículos de la nueva Ley, entre los que destacan las modificaciones a los artículos 21, 26 y 43.

En el primer caso, lo planteó para corregir el tiempo de pena en prisión aplicado a servidores públicos que omitan compartir información sobre delitos de extorsión, para quedar de cinco a 12 años las penas.

Otro caso, en los cambios al artículo 26, se trató de modificaciones para acotar que “la acción de extinción de dominio no procederá respecto de los bienes asegurados que hayan causado abandono a favor del Gobierno federal o de las entidades federativas, o aquellos bienes respecto de los cuales se haya declarado su decomiso en sentencia ejecutoriada”.

“El propósito es establecer la relación directa entre el decomiso de bienes ilícitos y la justicia material. De manera que los activos recuperados del delito de extorsión no se diluyan en el erario público, sino que se destinen específicamente a reparar el daño causado a las víctimas”, explicó Monreal Ávila.

En el último caso, para el artículo 43, fue una modificación para desplegar campañas permanentes de información y prevención, para definir patrones de las extorsiones y “definir metas, líneas de acción, y plazos cuantificables para el seguimiento y evaluación de la Estrategia que permitan medir su eficiencia y los resultados alcanzados, asegurando rendición de cuentas y transparencia”.

Pese a las críticas de la oposición, las bancadas del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano accedieron a votar a favor de la nueva ley, y durante la votación en general, se aprobó con unanimidad con 456 votos en total. Pero los cambios propuestos por Ricardo Monreal se aprobaron únicamente con el voto de la mayoría oficialista con 339 diputados a favor y 100 en contra de la oposición.

Desde el inicio de la sesión, la panista Noemí Berenice Luna fue clara al señalar que la bancada del blanquiazul votaría a favor de la ley, porque no se regatea con las iniciativas que buscan atender el problema de seguridad pública en México, el cual se ve reflejado en homicidios como el de Bernardo Bravo, el líder limonero en Michoacán que fue asesinado el 20 de octubre pasado y atajó: “denunciar te puede costar la vida”.

La vicecoordinadora de Acción Nacional mencionó que las extorsiones son “ese miedo cotidiano que se instaló en prácticamente todas las familias del país, esa llamada telefónica que paraliza, la cortina de un negocio que no vuelve a abrirse, el camión que no sabe si regresará”.

Entre los señalamientos de la oposición, el priista Luis Gerardo Sánchez no perdió oportunidad para acusar que bajo el lema de “abrazos no balazos” del gobierno de López Obrador generó que el delito de extorsión incrementara durante los últimos años.

Adelantó que el PRI acompañaría la iniciativa en lo general pero puntualizó la necesidad de que se realicen modificaciones para impulsar la “coordinación efectiva entre federación, estados y municipios, sin simulación, la protección real para los servidores públicos amenazados por el crimen, la extinción de dominio de los bienes de los extorsionadores para que sean recursos que se destinen a la seguridad local y para las víctimas”.

En contraste, la bancada morenista de la Cámara de Diputados defendió sin titubeos la nueva ley general para combatir las extorsiones. Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia, argumentó la importancia de la normativa debido a los vacíos legales que hay, dijo, porque cada estado tiene sus propias leyes.

“Por eso esta ley nace como ley general para que haya una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal”, destacó el legislador.

Por eso esta ley nace como ley general para que haya una sola definición, un solo tipo penal y una misma fuerza de persecución en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal.Julio César Moreno.

Además, señaló que la nueva ley pone en el centro a las víctimas y no a los delincuentes, por lo que ahora la extorsión se investigará de oficio y no habrá que esperar a que una persona se atreva a denunciar para que el Ministerio Público actúe.

“Sabemos que muchas víctimas no denuncian por miedo, por desconfianza o porque temen a las represalias y con esta ley, el Estado toma la rectoría. Si hay indicios de extorsión se investiga, se persigue y se castiga”, resaltó.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de este año se han registrado ocho mil 82 casos de extorsión.

Como un delito que se mantiene al alza, apenas en julio pasado, el secretario de Seguridad Federal, presentó en la conferencia mañanera de Sheinbaum, la Estrategia Nacional Antiextorsión, con la que habilitó el número telefónico 089 para denuncias anónimas sobre este delito.

A partir de entonces, según datos oficiales, las denuncias incrementaron 85 por ciento y la estrategia ha dejado como resultado que tres de cada cuatro extorsiones no se consumen, además de que entre julio y septiembre se abrieron casi dos mil carpetas de investigación.