Senado aprueba reforma de Sheinbaum para expedir Ley General contra la extorsión

El Senado de la República aprobó este miércoles por unanimidad, con 106 votos, la reforma constitucional en materia de extorsión enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con lo cual se otorga al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General que unifique criterios, sanciones y protocolos de atención a víctimas en todo el país.

De acuerdo con el dictamen, la reforma homologa el delito de extorsión al nivel de otros considerados de alto impacto (como el secuestro, la trata de personas y la desaparición forzada) al establecer que deberá regularse mediante ley general. Esta legislación definirá el tipo penal, sus agravantes y delitos vinculados, además de fijar sanciones mínimas y máximas, con el objetivo de combatir la impunidad y garantizar una atención estandarizada a las víctimas.

El documento estipula que el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días para expedir la Ley General correspondiente, mientras que las disposiciones vigentes a nivel federal y estatal continuarán en operación hasta que se emitan las nuevas reglas.

Al presentar el dictamen en tribuna, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, senador de Morena, sostuvo que esta reforma responde a la necesidad de enfrentar un delito que ha crecido bajo un alto nivel de impunidad y que se ha adaptado a las nuevas tecnologías.

“La extorsión la padece todo México, en todos los estados y municipios. Sus múltiples modalidades y la disparidad de legislaciones estatales han permitido que se expanda como una sombra letal que sacrifica vidas, invade hogares y frena la inversión”, dijo.

Cantón enfatizó que el consenso alcanzado refleja el compromiso de todas las fuerzas políticas. “Hoy el Senado envía un mensaje de unidad y responsabilidad: la extorsión ya no tendrá refugio, la ley será su límite y la justicia su destino”, enfatizó.

Oposición acusa a Morena de inacción

Durante el debate, el PRI respaldó la reforma, pero lanzó fuertes críticas al oficialismo y desplegó una gran manta en el Pleno donde acusó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo “Andy” López Beltrán y otras figuras, como el exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, el gobernador tamaulipeco, Américo Villarreal y al exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán N.

La senadora priista Karla Toledo Zamora aseguró que no basta con modificar la Constitución y exigió una Ley General con presupuesto, protocolos nacionales de investigación, mecanismos de protección a víctimas y sanciones a autoridades omisas.

Su compañera de bancada, Carolina Viggiano, señaló que el delito ha aumentado 45 por ciento en lo que va de 2025 y que 80 por ciento de los casos provienen de penales.

En nombre del PAN, la senadora Verónica Rodríguez Hernández recordó que en el primer semestre de 2025 se registraron cinco mil 887 víctimas de extorsión, la cifra más alta en la última década, lo que representa un aumento de 83 por ciento.

El simple hecho de ponerlo en la Constitución no garantiza que termine el problema. La presidenta nos manda esta iniciativa, pero debería mandar también una estrategia real para atacar la inseguridad. A tres meses de su anuncio, no hay campañas de prevención ni unidades locales contra la extorsión.Verónica Rodríguez.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas advirtió que la extorsión “erosiona el esfuerzo de quienes sostienen la economía local” y se ha duplicado en los últimos diez años, al pasar de 400 carpetas mensuales en 2015 a más de 850 en 2025.

Se trata de poner a las víctimas en el centro, fortalecer canales de denuncia seguros y dar herramientas reales a policías locales. El reto no es solo homologar sanciones, sino devolver confianza con resultados tangibles. Luis Donaldo Colosio Riojas.

Extorsión, un delito de mayor impacto social en México

La extorsión es actualmente uno de los crímenes de mayor impacto social en México. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se estima que apenas una de cada diez víctimas denuncia, lo que genera una “cifra negra” cercana al 97 por ciento. El fenómeno afecta desde pequeños comercios hasta grandes empresas, y ha sido identificado como un factor que frena la inversión y genera desplazamientos internos.

Los especialistas han señalado que su expansión responde a tres factores principales: la diversificación de las organizaciones criminales, la colusión de autoridades y la ausencia de protocolos unificados de denuncia y persecución penal.

El dictamen pasó a los congresos de los estados para su ratificación.