Al concluir el primer conversatorio sobre la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado, representantes de Telmex y Telcel advirtieron que el dictamen mantiene vicios históricos que distorsionan la competencia y generan un entorno hostil para la inversión privada.
Daniel Andrés Bernal Salazar, representante de Telmex, criticó que la iniciativa conserva errores estructurales heredados desde 2013, como la separación artificial entre telecomunicaciones y radiodifusión, y la inexistencia de una regulación convergente que responda a la realidad tecnológica.
“Se crea este concepto de preponderancia por servicios, no por sector, y se hace una división artificial. ¿Qué provoca esto? Que Grupo Televisa tenga el 33 por ciento del mercado en servicios triple play, mientras Telmex, con restricciones regulatorias absurdas, apenas alcanza el 27 por ciento”, reclamó.
Bernal también denunció la concentración en el mercado de televisión de paga, dominado por Televisa con el 56.3 por ciento y donde los precios han subido un 34 por ciento. “Esto afecta la pluralidad informativa y pone en desventaja a los usuarios”, señaló.
Por su parte, Mario Verganza Echebarrena, director adjunto de asuntos regulatorios de Telcel, advirtió que el artículo 57 y el transitorio décimo octavo del dictamen ponen en riesgo la certeza jurídica. “No puede haber competencia desleal disfrazada de política pública. Todos queremos conectividad universal, pero no compitiendo bajo reglas distintas”, dijo.
Sobre el artículo transitorio que otorga al Ejecutivo la facultad de modificar las concesiones “en cualquier momento”, sentenció: “Cambiar las reglas sobre la marcha destruye cualquier posibilidad de planificación e inversión”.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, calificó la iniciativa como una “ley censura” y advirtió que el objetivo real es devolver al Estado el control de los medios, restringir libertades y eliminar contrapesos democráticos.
“El gobierno quiere controlar el espectro, desaparecer organismos autónomos y volver a ser el gran regulador de los medios. Este no es un ejercicio democrático, es un intento por imponer una sola voz: la del Ejecutivo”, advirtió.
Viggiano exigió la comparecencia de José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, a quien responsabilizó del contenido del dictamen. “Este ejercicio carece de legitimidad si no comparece quien lo redactó”, acusó.
La senadora Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, aseguró que la mayoría de los participantes en el conversatorio confirmaron que la iniciativa representa una amenaza para la libertad de expresión y la competencia leal.
“Prácticamente el 99 por ciento de los ponentes coincidió en que esta iniciativa rompe con las garantías de competencia equilibrada. Nos da la razón”, afirmó.
Aunque reconoció que su propuesta de abrir un espacio de diálogo fue atendida, lamentó que el dictamen siga en curso. “Lo ideal habría sido partir de un diagnóstico, construir una propuesta consensuada y, entonces, presentar una iniciativa. Eso es absolutamente distinto a lo que hoy estamos teniendo”, explicó.
Barrales también cuestionó que el argumento original para justificar la reforma —las preocupaciones de EE. UU. sobre libertad de expresión— no se vea reflejado en el contenido del dictamen. “Hoy tenemos una ley que no responde al objetivo que se nos dijo”, concluyó.
